La Confederación Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), encabezadas por su presidente José Escobar y acompañado por los Dirigentes Nacionales, Christian Gajardo, encargado Comisión Técnica, Cecilia Navarro, encargada Comisión de Comunicaciones y Jaime Olate, Tesorero, se hicieron presentes en la primera sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y Diputadas, luego del receso legislativo.
En la instancia, el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, expuso junto a la Directora de Presupuesto, Javiera Martínez, para anunciar financiamiento para los municipios, para que así, se dé luz verde a la implementación de departamentos de seguridad ciudadana en los entes comunales.
Fue en este contexto, donde los dirigentes de UFEMUCH, entregaron una carta a los diputados de la Comisión con resultados de datos y estadísticas, en donde se deja en claro, las tremendas dificultades prácticas y los peligros de implementar una policía municipal, que la solución a aquellos problemas no pasan sólo por entregar más recursos a los municipios.
En este sentido, el presidente de UFEMUCH, José Escobar, señaló luego de terminada la sesión de la Comisión que “fue una instancia muy provechosa, en donde pudimos dejar en claro nuestros puntos de vista, y las tremendas dificultades que enfrenta este proyecto, sobre todo para nuestros funcionarios municipales, en muchos aspectos. Por eso, es que fue un momento muy especial, cuando la Presidenta de la Comisión, diputada Joanna Pérez, se refirió en plena sesión a nuestra carta, donde se transparenta fidedignamente la ley 21.591, respecto a Royalty minero y el protocolo de acuerdos de este mismo, donde jamás quedo establecido que estos nuevos recursos económicos en favor de los municipios tendrían una orientación a gastos en Seguridad Publica.
La Confederación UFEMUCH luego de efectuar un análisis técnico, operacional, administrativo, legal, práctico y basado en la experiencia de nuestros socios y de nuestros dirigentes nacionales, ha concluido que : la problemática de la delincuencia en Chile, que tiene radicada la responsabilidad en un cartera especializada como es la Subsecretaría de Prevención del Delito , con recursos de todo tipo y apoyo profesional de muchos asesores, se ha enfrascado en llevar adelante sin considerar las consecuencias que a futuro lamentaremos como funcionarios y como ciudadanos al intentar de traspasar funciones de seguridad y control social formal a los municipios de Chile, sin considerar múltiples indicadores de gestión, planeamiento, administración, logística y soporte legal, que se requiere para el buen funcionamiento de la Función Policial en los Municipios del País. Eso es, crear una institucionalidad municipal de policía preventiva y operativa, que en la práctica opera en algunas comunas con todo tipo de resultados, siendo de una mayoría cuestionable, con pérdidas de vidas humanas, problemas para los funcionarios municipales, descrédito, y constante riesgo. Solo basta recordar la muerte del inspector por procedimientos de violencia intrafamiliar y otros de tránsito y ataques donde han quedado lesionados. Solo resaltar la última acción en Temuco donde resultaron lesionados por balines disparados con armas de CO2. En este sentido la delincuencia organizada hoy está armada y que no han sido controladas por las policías equipadas y quieren que los funcionarios municipales se enfrenten a esta problemática, sin contar con el equipamiento mínimo idóneo para cumplir la Función de alto Riesgo, el cual es oneroso. El tema delincuencial obedece a una estructura mayor de respuesta estatal, salvo que derechamente se creen policías municipales de verdad como en otros países, con seriedad, formación, carrera y recursos reales. Con escuelas de formación y especialización al efecto. Al respecto, el diálogo no ha sido suficiente, ya que la Confederación Nacional de Municipales UFEMUCH no ha sido escuchada por el ejecutivo en la parte técnica de la tarea que se quiere imponer (ejemplo la función que cumplirán y según esta serán la implementación de seguridad a utilizar).
Surgen temáticas como los seguros de vida, autorizaciones y regulaciones jurisdiccionales, ya que la actuación municipal no estará respaldada adecuadamente, basta ver cómo los carabineros y algunos PDI han tenido que responder judicialmente por su actuar, especialmente en aquellos ajustados a derecho. La pregunta es quién defenderá al inspector de seguridad pública municipal ante un hecho similar. Los presupuestos fácticos son muchos, pero este tema debe aterrizarse y conversar de todos los alcances de la propuesta y su funcionalidad, más allá de querer sacar un proyecto sin bases reales, reiteramos nuestra más absoluta oposición a este proyecto, en el cual los representantes de los trabajadores no hemos sido escuchados realmente, y cuyas consecuencias serán asumidas por los funcionarios municipales y más tarde por los propios vecinos de cada comuna.
Solicitamos a los señores legisladores meditar sobre las consecuencias sociales, políticas y humanas que tendrá este proyecto que no va solucionar el problema de seguridad que afecta a los chilenos.
